El Gobierno canario justifica las duras restricciones al 'descuento duro' en que cada establecimiento destruiría a su alrededor más de 100 empleos

Así, el argumento del 'empleo destruido' ha sido el que ha primado, por encima de los precios de los productos a los que acceden los consumidores, en la decisión de restringir la superficie disponible en las siete islas para cada uno de estos establecimientos. Los establecimientos del 'descuento duro', aún no presentes en Canarias, son aquellos que venden productos alimenticios y del hogar a muy bajo precio a costa de evitar gastos como los de la colocación en expositores (el cliente saca la mercancía de las cajas ubicadas encima de palés), o haciendo pagar por las bolsas de plástico en la que el cliente se lleva lo comprado.

El director general de Comercio, Arturo Cabrera, explicó que la intención del Ejecutivo es alcanzar "un equilibrio" entre los derechos del consumidor a acceder a establecimientos con precios más bajos que permitan rebajar el coste de la cesta de la compra en Canarias y la protección del pequeño comercio. "Creemos que con esta medida se cumple este principio", afirmó Cabrera, quien cree que con el espacio que se autorizará para las tiendas del descuento duro "se puede rebajar la cesta de la compra" y su afección sobre el empleo es menor. "El descuento duro es un comercio muy agresivo que necesita de una regulación especial", dijo.

La posición del Gobierno choca directamente con las pretensiones de la cadena de descuento duro LIDL, que ayer hacía público en Canarias un informe de la Universidad de Valencia donde se concluía que el descuento duro genera una reducción de precios y una dinamización del pequeño comercio.

Ante esto, el Gobierno esgrimió hoy el contenido de un informe externo para valorar el impacto en el empleo de la zona de las cinco primeras peticiones de implantación de LIDL. Así, en el caso del LIDL solicitado para Las Palmas de Gran Canaria, de 1.419 metros cuadrados, se crearían 20 puestos de trabajo, pero en los alrededores se podrían destruir hasta 129 empleos. Con el nuevo decreto, LIDL sólo podrá aspirar en Las Palmas de Gran Canaria a obtener licencias por un total de 475 metros cuadrados, casi 1.000 metros menos de los solicitados inicialmente.

En el otro supermercado solicitado en Gran Canaria y contemplado en el estudio, el de Agüimes, LIDL solicitaba una superficie de 1.407 mestros, y con el nuevo decreto sólo podría aspirar a un establecimiento de cerca de 105 metros. Según el estudio del Gobierno, el LIDL de Agüimes hubiese destruido 114 empleos, creando a su vez no más de 20.

Las otras tres peticiones estudiadas pertenecen a la isla de Tenerife. En el caso de Santa Cruz-La Laguna, LIDL solicitaba un establecimiento de 1.286 metros, que hubiesen supuesto una pérdida de 98 empleos para los comercios cercanos. Con el nuevo decreto, la compañía no podrá aspirar en el área de Santa Cruz la Laguna a más de 384 metros cuadrados. En el Puerto de la Cruz, LIDL solicitaba 1.000 metros, que según este estudio hubiesen acabado con los empleos de unas 72 personas de comercios cercanos. Con el nuevo decreto, en el Puerto de la Cruz LIDL sólo podrá aspirar a cerca de 150 metros.

Por último, la compañía solicitó licencia para abrir un establecimiento en Granadilla de Abona, con una superficie de 1.407 metros cuadrados. En caso de abrirse con este tamaño, hubiese supuesto la destrucción de 88 puestos de trabajo. Con el nuevo decreto, en la zona de Granadilla LIDL sólo podrá aspirar a cerca de 215 metros.

El estudio del Gobierno expone además que la marca LIDL es la que menos puestos de trabajo genera por cada cien metros de superficie en la que expone sus productos. Así, LIDL crea 1,79 empleos por cien metros, otra cadena de descuento duro como Plus crea hasta menos (1,32 empleos por cada cien metros), Dia crea 2,40 empleos, mientras que cadenas de supermercados como Ahold crean 2,77 empleos, Capbrabo crea 3,20 empleos y Mercadona crea 3,8 empleos.

Competencia en las capitales y zonas más pobladas

En el decreto, el Ejecutivo regional, limita por zonas comerciales de Canarias los metros cuadrados máximos de superficie que podrían ocupar las tiendas de descuento duro, con la salvedad además que en las capitales y las zonas más pobladas de las islas capitalinas, el espacio debe dividirse siempre entre un mínimo de dos empresas, para fomentar también la competencia en el sector del descuento duro. Esta es otra clara limitación a las pretensiones de LIDL, ya que hasta el momento ha sido la única cadena del 'hard discount' que ha solicitado licencias para implantarse en el Archipiélago. En total, LIDL ya acumula trece peticiones, y tendrá que rehacerlas ahora todas a la vista de la reducción de metros que impone el decreto de LCE.

Las fuertes limitaciones a este tipo de establecimientos, ya habituales en la península, abren el debate de en Canarias de si la mentada protección al empleo del pequeño comercio es suficiente como para imponer restricciones a unos establecimientos que permiten adquirir productos a menos precio del que se encuentra habitualmente en tiendas, supermercados y hasta en los hipermercados. Por lo pronto, el decreto que regula este 'descuento duro' y los comercios de saldos ya cuentan con el apoyo de los empresarios y comerciantes de todas las islas, después de que hoy diese su visto bueno la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).