Sociedad
04/10/2008
Actualizada el 04/10 a las 13:52
Locales de alterne respaldan el Plan del Gobierno contra la Explotación Sexual
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EFE
Madrid
La asociación Catteleia de locales de alterne de la Comunidad de Madrid ha hecho público hoy su respaldo a la iniciativa del Ministerio de Igualdad de aprobar un Plan integral contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.
En un comunicado, la asociación indica que ha pedido a Igualdad que le permita participar en la elaboración del Plan y le ha propuesto que "se profundice aún más en políticas que consigan resolver la totalidad del problema, dotando de una legislación específica al sector, que suponga la definitiva normalización de esta actividad".
Los empresarios de locales de alterne integrados en Catteleia, una asociación constituida en abril de 2005, hacen una diferenciación entre prostitución "libre entre adultos", que defienden, y "forzada", que condenan "categóricamente".
Mantienen que todas aquellas personas que se aprovechan de la explotación de mujeres deben ser castigadas, están en contra del proxenetismo y han denunciado públicamente la existencia de redes internacionales de trata de mujeres, para las que han pedido su "persecución y total erradicación" de España.
Lo que reclaman es un marco legal "que dote de seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los locales donde libremente desarrollan su actividad". A su juicio, debería procederse a una "legalización controlada" de lo que entienden que es una "profesión", con coberturas sociales, derecho a seguridad social, jubilación y las "particularidades propias de la actividad", entre ellas "controles sanitarios".
El Plan del Ministerio de Igualdad al que se refiere la asociación incluye, entre otras cosas, ayudas económicas y cobertura legal a las prostitutas víctimas de trata sexual, el 90 por ciento de ellas extranjeras, y el compromiso de no expulsarlas del país en el plazo de un mes mientras deciden si denuncian a quienes les explotan.
El borrador, presentado hace dos semanas por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, incluye propuestas como la de facilitar la tarjeta de residencia a la víctima extranjera que denuncie y colabore con la justicia. El Gobierno prevé que este plan integral, en el que han participado 11 ministerios y que tendrá una vigencia de tres años, pueda ser aprobado antes de que acabe el año.
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